MOCIÓN
PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN
DE LOS CORTES DE LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS EXIGUIENDO AL
GOBIERNO UNA TARIFA ASEQUIBLE A LA QUE PUEDAN ACOGERSE LOS CONSUMIDORES
DOMÉSTICOS Y UNA AUTÉNTICA TARIFA SOCIAL PARA FAMILIAS CON BAJOS NIVELES DE
RENTA
Desde el estallido de la
crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales
problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a
la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.
7 millones de personas tienen
dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán
sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más
personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico,
los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles.
Causa importante de esta
grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de
la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%.
Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que
permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un
sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor
transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.
Las tres mayores
eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde
el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la
ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más
de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la
Competencia (CTCs).
Las dos sentencias
dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el
sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo
energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de
500 millones.
Además, el actual bono
social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue
suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de
renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos
terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares
con rentas altas.
Por su parte el oligopolio eléctrico
ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los
consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza
energética que viven millones de personas en nuestro país.
Resulta urgente que
España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice
el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una
vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y
calefacción.
Del mismo modo necesitamos que se
cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los
Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes
de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de
julio de 2009).
Por todo lo anteriormente
expuesto se propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa la aprobación
de los siguientes
ACUERDOS:
1.
Instar al
Gobierno Central a regular la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas
económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para
comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren
vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será
asumido por las compañías.
2.
Instar al
Gobierno Central a poner fin a los abusos tarifarios aprobando una
tarifa asequible a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en
su primera residencia.
3.
Instar al
Gobierno Central a crear
una auténtica tarifa social que sustituya al actual bono social por una tarifa
de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, y que
realice los trámites oportunos para que sea sufragada por las eléctricas.
4.
Instar al
Gobierno Central a que realice las gestiones necesarias para el Reconocimiento y devolución por parte
de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron
indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5.
Instar al
Gobierno Central a realizar una Auditoría al sistema eléctrico, realizando un análisis de los
costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector,
con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6.
Instar al
Gobierno Central a que aplique
el tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al
4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
7.
Dar
traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados.
MOCIÓN
EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES
La Reforma
Laboral de 2010 del Gobierno de Zapatero que abarató y facilitó el despido para
contentar a Bruselas y la todavía más virulenta reforma del Gobierno de Rajoy
del año 2012 que trajo como consecuencia altos niveles de paro, bajos salarios,
precariedad laboral masiva y contratación abusiva, contribuyeron decisivamente
al déficit de la Seguridad Social: las cotizaciones no cubren los gastos y el
gobierno ha recurrido de manera
sistemática a vaciar el denominado Fondo
de Reserva de las Pensiones.
La
disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la
disminución de cotizaciones por las
altas tasas desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de
los que se crean. Es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos
produce bajas cotizaciones. Otro factor que contribuye decisivamente a esta
tendencia negativa es la alta tasa de temporalidad ligada principalmente al
sector servicios y a otros sectores como la agricultura que no se escapan a
este tipo de contratación.
A la bajada
de ingresos en la Seguridad Social también han contribuido algunas medidas del
gobierno en forma de “ventajas” al
empresariado y a los emprendedores: bonificaciones, tarifas planas, etc.
Medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación y que también
salen de la “hucha de las pensiones”. Unas medidas que se tomaban
paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013
Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Indice de Revalorización de las
Pensiones, es decir acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC
anual y haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo.
El Fondo de
Reserva de las Pensiones superaba los 66.000 millones de euros en el 2011 como
consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se trataba de asegurar unas
pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte de
garantizar unos Servicios Sociales de calidad, asegurando un Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia público y de calidad.
Ahora mismo
la realidad es que de las 9.417.724 pensiones, el 50% está por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional y el 70 % está por debajo de los 1.000 euros.
En el 2.015
el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaban los 16.707
millones de euros y el Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado de los
66.815 millones en 2011 a los 24.207
millones en el 2016. Esto pone claramente en riesgo la calidad, la calidad y el
futuro mismo de estas prestaciones. Una estrategia que conecta con la visión
neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los
trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas (bancos y
aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio de futuro.
La solución pasa obviamente por corregir esta situación
aumentando los ingresos del sistema público de pensiones estableciendo nuevas
fuentes de financiación e impidiendo que el Gobierno pueda disponer
arbitrariamente de cantidades del Fondo. Y por supuesto derogando una reforma
laboral que trae como consecuencia precariedad, desempleo y bajos salarios y
por tanto bajada de ingresos por cotización.
Sólo con la creación de empleo estable y de
calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis
se tiene que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta
peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las
pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica
no es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no
consume y produce directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle
dramático. Algo que comienza a reconocer incluso el BCE.
Por todo lo anteriormente
expuesto se propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa la aprobación
de los siguientes
ACUERDOS:
1. El Pleno Municipal insta al
Parlamento y al Gobierno de la Nación a la derogación de las dos Reformas
Laborales, las de 2010 y 2012, debido a que sus consecuencias nefastas para la
calidad del empleo pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las
pensiones.
2. El Pleno Municipal solicita al
Gobierno de la Nación a la derogación de
la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013 Reguladora del Factor
de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones. Para seguir garantizando
una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC.
3. El Pleno Municipal insta al gobierno
a establecer por ley que las pensiones no puedan estar, en ningún caso, por
debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Proponemos la revalorización de la
pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o
con conyugue no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación
con conyugue a cargo será equivalente al 110% del SMI anual.
4. El Pleno Municipal insta al Gobierno
a que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las
Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y a buscar vías de
financiación directas desde los Presupuestos Generales del Estado mientras se
siga produciendo el déficit por cotizaciones.
MOCIÓN
SOBRE INCLUSION DE CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACION
PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO
La contratación
pública es uno de los principales mecanismos con los que cuentan las
administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y
ciudadanas. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado
Español.
Si nos preguntáramos sobre el dinero
presupuestado en nuestro Ayuntamiento
para el 2016 para trabajos que desarrollaran
empresas privadas o para subvenciones a empresas municipales que prestan
servicios públicos nos daríamos cuenta de que estamos hablando de una cantidad
muy importante del gasto público
municipal.
La contratación pública puede ser
una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el
cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social,
redistribución de la riqueza, igualdad, justicia…o todo lo contrario. Se debe
evitar, como viene ocurriendo en muchas administraciones y en esta también en
muchos casos, que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos
en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado
laboral, destruyendo empleo o empeorando y precarizando directamente las
condiciones y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Desde nuestro punto de vista los
objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar
dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible
y socialmente responsable que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y
sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y en las compras
públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las
condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio
empleo. La oferta “económicamente” más ventajosa no tiene por qué identificarse
con la del precio más bajo.
El marco normativo de la
contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva
Directiva sobre Contratación Pública (Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014) que incide en la aplicación de
otros criterios de adjudicación, como los criterios sociales, medioambientales,
o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europea 2020, y en la que la
contratación pública desempeña un papel clave.
De acuerdo con lo dispuesto en el
Considerando 90 de la Directiva, la adjudicación de los contratos debe basarse
en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de
transparencia, no discriminación e igualdad de trato con el fin de garantizar
una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita
determinar, en condiciones de competencia efectiva, que oferta es la
económicamente más ventajosa.
Por otro lado, tal y como reconoce la Directiva Europea sobre
contratación pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a
ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más
alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a
satisfacer y , por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de
calidad.
Es fundamental por tanto conseguir
que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad,
estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener
efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la
elección de la empresa cuando se utilice más de un criterio de valoración. De
este modo podrá evitarse, como se ha señalado antes, que la contratación
pública incida de forma negativa en el ámbito laboral.
Ha de tenerse en cuenta que en
aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene
constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio
precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir
negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma indirecta o
directa para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo o/y
empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Por todo lo anteriormente
expuesto se propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa la aprobación
de los siguientes
ACUERDOS:
1. Que se elabore un decreto para la
inclusión de cláusulas sociales y medioambientales (criterios como la calidad
de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral de colectivos con
especiales dificultades de integración, la diversidad funcional, políticas de
género, medioambientales y de comercio justo) en las contrataciones que se
realicen desde este Ayuntamiento. Dichos criterios tenderán a valorarse en un
máximo del 60% sobre la puntuación total.
2. En aquellos supuestos en que los órganos
de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las
proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse
criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación
calidad/precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales,
medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados estos conceptos al objeto del
contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.
3. No prorrogar los contratos vigentes,
redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore
cláusulas sociales y medioambientales.
