domingo, 22 de enero de 2017

Balance Pleno 30 de diciembre de 2.016

Esta es la valoración del último pleno del año hecha por la portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento. Destaca en este pleno el rechazo de las tres mociones que presentó IU, todas ellas de carácter social. Las ponemos aquí íntegramente para ver si encontráis algún motivo para que los concejales socialistas voten en contra.



MOCIÓN
PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS EXIGUIENDO AL GOBIERNO UNA TARIFA ASEQUIBLE A LA QUE PUEDAN ACOGERSE LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Y UNA AUTÉNTICA TARIFA SOCIAL PARA FAMILIAS CON BAJOS NIVELES DE RENTA
 
Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.
7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles.
Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.
Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones.
Además, el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas.
Por su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país.
Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción.
Del mismo modo necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
1.          Instar al Gobierno Central a regular la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
2.          Instar al Gobierno Central a poner  fin a los abusos tarifarios aprobando una tarifa asequible a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3.          Instar al Gobierno Central a crear una auténtica tarifa social que sustituya al actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, y que realice los trámites oportunos para que sea sufragada por las eléctricas.
4.          Instar al Gobierno Central a que realice las gestiones necesarias para el Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5.          Instar al Gobierno Central a realizar una Auditoría al sistema eléctrico, realizando un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6.          Instar al Gobierno Central a que aplique el tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

7.          Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
MOCIÓN
EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES

            La Reforma Laboral de 2010 del Gobierno de Zapatero que abarató y facilitó el despido para contentar a Bruselas y la todavía más virulenta reforma del Gobierno de Rajoy del año 2012 que trajo como consecuencia altos niveles de paro, bajos salarios, precariedad laboral masiva y contratación abusiva, contribuyeron decisivamente al déficit de la Seguridad Social: las cotizaciones no cubren los gastos y el gobierno  ha recurrido de manera sistemática a vaciar el  denominado Fondo de Reserva de las Pensiones.
            La disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución de cotizaciones por las  altas tasas desempleo, de las mayores de Europa, y a la baja calidad de los que se crean. Es obvio que la baja calidad del empleo con salarios bajos produce bajas cotizaciones. Otro factor que contribuye decisivamente a esta tendencia negativa es la alta tasa de temporalidad ligada principalmente al sector servicios y a otros sectores como la agricultura que no se escapan a este tipo de contratación.
            A la bajada de ingresos en la Seguridad Social también han contribuido algunas medidas del gobierno en forma de  “ventajas” al empresariado y a los emprendedores: bonificaciones, tarifas planas, etc. Medidas que se venden políticamente como ayudas a la contratación y que también salen de la “hucha de las pensiones”. Unas medidas que se tomaban paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Indice de Revalorización de las Pensiones, es decir acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el propio Pacto de Toledo.
            El Fondo de Reserva de las Pensiones superaba los 66.000 millones de euros en el 2011 como consecuencia del superávit de la Seguridad Social. Se trataba de asegurar unas pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte de garantizar unos Servicios Sociales de calidad, asegurando un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia público y de calidad.
            Ahora mismo la realidad es que de las 9.417.724 pensiones, el 50% está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y el 70 % está por debajo de los 1.000 euros.
            En el 2.015 el déficit de la Seguridad Social por cotizaciones alcanzaban los 16.707 millones de euros y el Fondo de Reserva de las Pensiones ha bajado de los 66.815 millones en 2011 a  los 24.207 millones en el 2016. Esto pone claramente en riesgo la calidad, la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones. Una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas (bancos y aseguradoras) que ven en ello un gigantesco negocio de futuro.
La solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema público de pensiones estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que el Gobierno pueda disponer arbitrariamente de cantidades del Fondo. Y por supuesto derogando una reforma laboral que trae como consecuencia precariedad, desempleo y bajos salarios y por tanto bajada de ingresos por cotización.
 Sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tiene que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las pensiones. Se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no consume y produce directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático. Algo que comienza a reconocer incluso el BCE.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
1.      El Pleno Municipal insta al Parlamento y al Gobierno de la Nación a la derogación de las dos Reformas Laborales, las de 2010 y 2012, debido a que sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones.

2.      El Pleno Municipal solicita al Gobierno de la Nación a  la derogación de la Reforma de las Pensiones aprobada por la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones. Para seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el IPC.

3.      El Pleno Municipal insta al gobierno a establecer por ley que las pensiones no puedan estar, en ningún caso, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Proponemos la revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos: la pensión de jubilación personal o con conyugue no a cargo será equivalente al SMI anual, la pensión de jubilación con conyugue a cargo será equivalente al 110% del SMI anual.

4.      El Pleno Municipal insta al Gobierno a que se prohíba por ley la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directas desde los Presupuestos Generales del Estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones.

MOCIÓN
SOBRE INCLUSION DE CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACION PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

            La contratación pública es uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado Español.
 Si nos preguntáramos sobre el dinero presupuestado  en nuestro Ayuntamiento para el 2016 para trabajos que desarrollaran  empresas privadas o para subvenciones a empresas municipales que prestan servicios públicos nos daríamos cuenta de que estamos hablando de una cantidad muy  importante del gasto público municipal.
La contratación pública puede ser una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia…o todo lo contrario. Se debe evitar, como viene ocurriendo en muchas administraciones y en esta también en muchos casos, que la mayor ponderación del criterio precio, entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo o empeorando y precarizando directamente las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Desde nuestro punto de vista los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. La oferta “económicamente” más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo.
El marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva Directiva sobre Contratación Pública (Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014) que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como los criterios sociales, medioambientales, o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europea 2020, y en la que la contratación pública desempeña un papel clave.
De acuerdo con lo dispuesto en el Considerando 90 de la Directiva, la adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, que oferta es la económicamente más ventajosa.
Por otro lado, tal  y como reconoce la Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y , por ello, deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.
Es fundamental por tanto conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo podrá evitarse, como se ha señalado antes, que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral.
Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma indirecta o directa para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo o/y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Benalúa la aprobación de los siguientes
ACUERDOS:
1.      Que se elabore un decreto para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de integración, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo) en las contrataciones que se realicen desde este Ayuntamiento. Dichos criterios tenderán a valorarse en un máximo del 60% sobre la puntuación total.

2.      En aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad/precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados estos conceptos al objeto del contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

3.      No prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore cláusulas sociales y medioambientales.



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